En un artículo publicado por el medio digital español The Objective, Manuel Cerdán establece un vínculo directo entre la infección con Pegasus del teléfono de Pedro Sánchez y la política seguida desde entonces por Madrid hacia Rabat. Una tesis infundada que busca claramente transformar suposiciones en argumentos de venta editorial y presenta como probados varios hechos que la propia justicia española afirma no poder atribuir a Marruecos.
El punto central es judicial. Que los teléfonos de Pedro Sánchez y de varios ministros españoles fueran infectados con Pegasus está demostrado. Que Marruecos sea el autor no lo está en absoluto. En enero de 2026, tras la reapertura del caso sobre la base de elementos transmitidos por Francia, el juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, lo archivó por segunda vez: las investigaciones francesas no aportaron ningún elemento que permitiera «determinar el autor» de las infecciones. Ya en 2023, el análisis técnico del CCN/CNI concluía que no permitía atribuir ninguna de las intrusiones a un autor determinado.
Esta distinción desaparece en Cerdán. La hipótesis se convierte en un hecho: «operación de los servicios secretos marroquíes», «extracción de los datos por Rabat», «chantaje a Sánchez». Sin embargo, ninguna resolución judicial española publicada establece lo que el autor presenta como hechos. El único hecho probado, pero ocultado, es que la información proporcionada por la justicia francesa no permitió a la Audiencia Nacional identificar a los responsables de estas intrusiones.
El mismo deslizamiento se produce respecto al Parlamento Europeo. Su recomendación del 15 de junio de 2023 no concluye en absoluto que exista una implicación de Marruecos demostrada judicialmente.
«El argumento» de los mil millones de euros es igualmente engañoso. La financiación del FIEM no constituye mil millones «entregados» a Marruecos. El FIEM es un instrumento de financiación de la internacionalización de las empresas españolas. Así, los 250 millones de euros concedidos en 2023 financian la desalación de Casablanca en el marco de un proyecto de 612 millones impulsado, entre otros, por Acciona Agua, que posee el 50 % de la sociedad del proyecto. En cuanto a los 754,3 millones de 2025, se trata de un crédito destinado a la adquisición de trenes interurbanos españoles de CAF, mediante un acuerdo ICO-ONCF. Presentar estas operaciones reembolsables destinadas a apoyar a exportadores españoles como una financiación política ofrecida a Rabat falsea, por tanto, su naturaleza.
Sobre todo, el desarrollo de las relaciones económicas bilaterales ofrece una explicación mucho mejor documentada: Marruecos se ha convertido en el primer socio comercial de España, con cerca de 23.000 millones de euros en intercambios en 2024, un aumento de más del 7 %. Más de 6.000 empresas españolas exportan allí regularmente y más de 900 poseen filiales o participaciones significativas. El acuerdo financiero de 800 millones firmado en 2023 es, además, presentado oficialmente por Madrid como un instrumento que permite a las empresas españolas realizar proyectos en Marruecos.
Cerdán mezcla financiación, Sáhara, inmigración, agricultura, narcotráfico, Mundial 2030 y Ceuta para elaborar otras tantas «consecuencias» de Pegasus. Pero su sucesión cronológica no demuestra ningún vínculo causal. En un contexto de crispación de una parte de los medios españoles contra Marruecos, este nuevo ataque tiene sobre todo el mérito de demostrar que The Objective se ha convertido, en este caso, en «The Subjective».
