Empecemos por una evidencia. Amnistía Internacional es una ONG. No es un tribunal, ni una autoridad judicial, ni un servicio de inteligencia. Sus informes responden a sus propios métodos y análisis, y estos pueden ser erróneos. El nombre de Amnistía Internacional no convierte una conclusión en verdad revelada ni le confiere infalibilidad alguna.
Su propia trayectoria reciente basta para recordarlo. En 2022, su informe sobre las tácticas empleadas por las fuerzas armadas ucranianas provocó una importante controversia y desembocó en la dimisión de la directora de Amnistía Internacional en Ucrania. El episodio puso de manifiesto una realidad que debería resultar obvia: Amnistía también puede equivocarse.
Vayamos ahora al denominado «caso Pegasus». Aquí, Amnistía da un paso considerablemente más allá. Ya no se limita a afirmar que determinados teléfonos fueron seleccionados como objetivos o infectados con un programa espía. Pretende atribuir operaciones clandestinas de inteligencia a la Dirección General de Vigilancia del Territorio de Marruecos, la DGST.
La pregunta, por tanto, puede formularse sin rodeos: ¿se ha convertido Amnistía Internacional en un servicio de inteligencia?
Atribuir una operación clandestina a un servicio de inteligencia concreto constituye uno de los ejercicios más complejos en este ámbito. Las grandes potencias dedican a esa tarea ingentes recursos humanos, técnicos y cibernéticos y, aun así, suelen extremar la prudencia antes de señalar públicamente a un responsable. Detectar Pegasus en un teléfono no permite, por sí solo, identificar a quien lo utilizó. Identificar a un presunto operador tampoco permite establecer quién dio la orden, cuál fue la cadena de mando ni cuál era el propósito de la operación. Una infección no equivale a una atribución. Y una atribución exige pruebas.
Amnistía invoca análisis técnicos, datos relacionados con NSO Group y el testimonio de un antiguo empleado de la DGST al que identifica con el seudónimo de «Safir». Afirma haber corroborado determinados elementos de su relato. Pero corroborar algunos aspectos del testimonio de una fuente anónima no equivale a demostrar la acusación en su conjunto. ¿Qué conoce esa fuente de primera mano? ¿Qué puede verificarse de manera independiente? Y, sobre todo, ¿qué elementos permiten acreditar su credibilidad?
Despojada de toda la terminología técnica, la cuestión es brutalmente sencilla: ¿dónde está la prueba que permite pasar de Pegasus a la DGST con el grado de certeza que exhibe Amnistía?
Y es aquí donde el asunto adquiere otra dimensión. Detrás de la DGST, el relato acaba situando una y otra vez al mismo hombre en el centro de la escena: Abdellatif Hammouchi. Su nombre aparece con tal regularidad que la fijación empieza a adquirir los contornos de una obsesión.
¿Por qué Hammouchi? Tal vez la respuesta sea mucho más sencilla de lo que algunos quisieran admitir: Hammouchi incomoda porque es eficaz.
Y no se trata de una valoración marroquí concebida para consumo interno. Los franceses lo han condecorado. Los españoles lo han condecorado. Los estadounidenses trabajan con él. Los principales servicios occidentales de inteligencia y seguridad siguen cooperando con sus equipos en algunos de los asuntos de seguridad más sensibles. Son hechos. Por incómodos que puedan resultar para algunos.
Mientras tanto, se busca a Hammouchi en todas partes: detrás de un periodista, detrás de un teléfono, detrás de Pegasus y, a este paso, pronto detrás de todos los males digitales del planeta. La situación resultaría casi cómica si las acusaciones no fueran tan graves. Cuanto mayor es el empeño de algunos por presentarlo como el cerebro de una vasta y oscura maquinaria de espionaje, más visible se vuelve la propia obsesión.
Amnistía o no, no existe razón alguna para amnistiar a Amnistía de sus errores. Y mucho menos de sus desvaríos.
