El «impuesto al carbono» en las fronteras de la Unión Europea es uno de los temas polémicos que promete animar los debates en la COP30 en Brasil. Este mecanismo medioambiental europeo irrita a numerosos países extranjeros.
¿De qué se trata?
Para hacer más ecológicas sus importaciones, la Unión Europea lanzó en 2023 este «mecanismo de ajuste del carbono» en frontera (CBAM), en fase de prueba antes de su plena implementación a partir de 2026.
Este «impuesto al carbono» se aplica al acero, aluminio, cemento, fertilizantes, electricidad e hidrógeno, sectores altamente contaminantes y expuestos a una fuerte competencia internacional.
Su objetivo es imponer a las importaciones un precio del carbono similar al vigente en Europa, donde las empresas pagan por contaminar.
En la práctica, los importadores —a menudo grandes empresas de comercio internacional— están obligados a declarar las emisiones de CO₂ vinculadas al proceso de producción en el extranjero. Si éstas superan los estándares europeos, deben comprar un «certificado de emisión» al precio del CO₂ en la UE.
«El objetivo del ajuste es evitar el fenómeno de las fugas de carbono», explica a la AFP el especialista Pierre Leturcq, del Institute for European Environmental Policy. Es decir, impedir que las empresas contaminantes trasladen su producción a países con regulaciones climáticas menos estrictas.
Todo ello ocurre mientras el precio del CO₂ aumenta en la UE: «Entre 70 y 80 euros por tonelada actualmente», señala Leturcq, quien prevé que el carbono «superará los 100 euros por tonelada de aquí a 2030, lo que podría prácticamente duplicar el precio de la tonelada de acero».
La UE también estudia extender este mecanismo a otros sectores, un tema particularmente sensible para la industria automotriz y la aeronáutica.
¿Por qué protestan los demás países?
Europa presenta este mecanismo como una herramienta «virtuosa» que incentiva al resto del mundo a ser más exigente en materia medioambiental. Pero otros países lo perciben como una barrera comercial encubierta.
Este instrumento ha sido «mal entendido» y «mal interpretado» por los socios comerciales de la UE, afirma Elisa Giannelli, del think tank ambiental E3G. «Nadie se ha tomado realmente la molestia de explicarles de qué se trata».
El CBAM está en la mira de Donald Trump, quien no cesa de criticar la política climática de los Veintisiete y exige un trato preferencial para las empresas estadounidenses.
«Lo que detesta es que se le imponga una visión del mundo, una manera de actuar. Su oposición al CBAM va de la mano con una oposición general a cualquier tipo de política medioambiental», subraya Pierre Leturcq.
Este especialista considera más legítimas las preocupaciones de los países del Sur, que temen un «agenda del Norte» que les haría asumir el costo financiero de las emisiones de CO₂ en lugar de aplicárselo a sí mismos.
Pero se trata de un falso argumento, replica el eurodiputado centrista Pascal Canfin. El CBAM «se refiere esencialmente al comercio con países industrializados —Estados Unidos, Canadá, China, además de Rusia y Ucrania por los fertilizantes—. Es un tema sin relevancia para los países en desarrollo», sostiene el legislador, impulsor del texto en el Parlamento Europeo.
¿Una fuente de tensión en la COP?
Este «impuesto al carbono» europeo está bajo la mira de un grupo de países, entre ellos China, India y Bolivia, que exigen incluir las «medidas comerciales unilaterales» en la agenda de la conferencia de la ONU sobre el clima (COP30), que se celebra en Brasil hasta el 21 de noviembre.
Es uno de los temas recurrentes de tensión entre el Norte y el Sur, como en las dos COP anteriores.
Pierre Leturcq teme incluso que este debate paralice las discusiones de fondo sobre la financiación de la lucha contra el cambio climático y los esfuerzos de mitigación, que requieren cientos de miles de millones de euros.
Todo ello, mientras este mecanismo fronterizo europeo —que solo debería generar 1.400 millones de euros al año a partir de 2028— tendrá un impacto bastante limitado en las emisiones de carbono.
Para tranquilizar a los países del Sur, algunos expertos aconsejan a la UE destinar parte de los fondos recaudados mediante este instrumento a apoyar iniciativas de descarbonización fuera de Europa.
Además de la UE, el Reino Unido también prevé implementar su propio mecanismo de ajuste del carbono en frontera de aquí a 2027. Otros países podrían seguir su ejemplo.
