El Mundial de 2030 ofrece una oportunidad única para la reconfiguración del eje surmediterraneo occidental, a través de una candidatura conjunta inédita contando ambas orillas del estrecho de Gibraltar. Una región que cuenta con vínculos históricos profundos y relaciones volátiles que nunca han conocido una cooperación de esta envergadura.
Rhali Douyeb – Politologo (*)
El pitido final de la vigésimo tercera edición de la Copa del Mundo de Fútbol, organizada por la FIFA, tuvo lugar con la consagración de la selección española en Nueva York. Más allá de la dimensión deportiva, esta edición se caracteriza por dos hechos inéditos y pioneros a nivel orgánico: la adopción de un nuevo formato compuesto por 48 equipos (un aumento significativo, con doce nuevos participantes respecto a la edición anterior) y el hecho de ser la primera competición organizada de manera conjunta por tres países: México, Canadá y Estados Unidos.
Si bien el deporte no es terreno de política, representa una herramienta geopolítica de gran valor para los Estados que permite la acumulación de un capital percepcional y reputacional importante. Al ser un lenguaje universal que permite superar las barreras lingüísticas, culturales o ideológicas, permite una exposición a escala global de la competitividad (en este caso a través del rendimiento deportivo) y de los valores de un país, participando de manera positiva en la construcción de su marca-país/marca-región.
Una configuración transcontinental sin precedentes
La próxima edición, que marca el centenario de la competición, será acogida por el vigente campeón, España, junto a Portugal y Marruecos, país que mantuvo la firme ambición de ser la tierra de acogida del evento durante más de 30 años.
La candidatura ibérica, inicialmente prevista con Ucrania en el marco de la Política de Vecindad de la Unión Europea hacia el Este, respondía a una serie de intereses geopolíticos exclusivamente europeos, pero se enfrenta a la imposibilidad material de mantener dicha estructura tras la agresión rusa en febrero de 2022. El mantenimiento de la candidatura conjunta con Ucrania hubiera marcado una toma de posición implícita en un conflicto bélico y político que persiste hoy en día, rompiendo con el principio de neutralidad del deporte, además de que la entidad organizadora, la FIFA, exige garantías de paz estable durante los ocho años previos al evento. Tras este trágico evento, España y Portugal se encuentran en la necesidad de integrar un tercer componente a la candidatura, abriéndose una ventana de oportunidad para Marruecos.
Una pregunta fundamental emana de la candidatura conjunta: ¿Cómo la organización del Mundial 2030 actúa como un acelerador al servicio de la redefinición de las relaciones ibero-marroquíes?
De la confrontación doctrinal a la Realpolitik
Cabe recordar que España y Marruecos cuentan con una carga histórica altamente conflictiva y emocional, y nunca habían conocido una cooperación de esta envergadura. Lejos de ser un hecho aislado, esta está marcada por un largo proceso de reconstrucción de una confianza recíproca post-1975, condicionada por varios elementos externos: la mediación estadounidense en el marco de la Crisis de la Isla del Perejil (2002), revelando las deficiencias de los mecanismos instaurados en los periodos anteriores (Acuerdos de Madrid de 1975, la adhesión de España a la CEE en 1986, pasando de ser rivales comerciales a principal valedor de Marruecos ante la comunidad europea, o el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación de 1991).
Tras los atentados de Casablanca (2003) y de Madrid (2004), la lucha antiterrorista y la prosperidad de ambas orillas del Estrecho de Gibraltar se transformaron en una cuestión de seguridad nacional mutua. Tras estos dramáticos eventos, la cooperación hispano-marroquí se normaliza, trasladándose a una dimensión técnica y operativa. Ya no era cuestión de ¿qué hacer?, sino de ¿cómo hacer?. El primer pilar de la nueva era cooperativa se configura bajo la esfera securitaria. Tras la crisis financiera de 2008 y la contracción del tejido económico español, las PYMES españolas se volcaron hacia el vecino del sur, destronando a Francia como principal socio comercial en 2012, configurándose el segundo pilar bajo la lógica económica. Se registraron más de 18.000 PYMES españolas con mercado en Marruecos.
No obstante, la ausencia de un posicionamiento claro por parte de La Moncloa en la cuestión del Sáhara fue un punto de incertidumbre para Rabat. La doctrina de neutralidad activa española mantenía una postura neutral y balanceaba entre sus diferentes intereses en la región norteafricana. Si bien la economía y la seguridad son dos elementos clave a nivel diplomático, el no reconocimiento de la soberanía y la integridad territorial de Marruecos suponía la ausencia de un factor clave para la sostenibilidad y el mantenimiento de las relaciones. Tras un periodo de congelación de las relaciones entre 2021 y 2022, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez reconoció formalmente el plan de autonomía propuesto en 2007 por Marruecos, además de una visita oficial en abril de 2022 a la capital marroquí, que marca el inicio de un giro consecuente en las relaciones entre ambos reinos.
El pragmatismo atlántico
Por su parte, las relaciones luso-marroquíes se caracterizan por la ausencia de esta carga histórica y emocional. Mientras que el eje hispano-marroquí atravesaba sus diferentes crisis cíclicas, el eje Rabat-Lisboa se consolidaba discretamente como un eje de estabilidad diplomática. La relación luso-marroquí se enmarca dentro de lo que cabría calificar como pragmatismo diplomático: una aproximación que ha permitido construir una relación sólida sin necesidad de pasar por los episodios de confrontación que han jalonado el eje hispano-marroquí.
El Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación de mayo de 1994 marca el punto de inflexión en las relaciones modernas. Este acuerdo, análogo al tratado entre España y Marruecos de 1991, permitió la institucionalización del diálogo político y el establecimiento de Reuniones de Alto Nivel (RAN) periódicas. En mayo de 2023, se firmaron 12 acuerdos estratégicos en ámbitos como la cooperación económica (con Marruecos como primer socio comercial de Portugal en África y el mundo árabe), la transición energética (con el partenariado para el desarrollo del hidrógeno verde firmado en 2021 como su expresión más avanzada) y la cooperación sectorial en materia judicial, infraestructura, desarrollo rural y cultura.
Esta estabilidad estructural convierte a Portugal en el elemento de equilibrio de la candidatura tripartita. Su presencia en la coorganización no solo aporta experiencia institucional y capacidad técnica (demostrada en el éxito de la Eurocopa de 2004), sino que actúa como interlocutor de confianza entre Marruecos y la UE cuando el eje Madrid-Rabat atraviesa períodos de tensión. En términos del smart power, Portugal representa el pilar multilateral de la candidatura: su estabilidad diplomática con Marruecos dota a la alianza tripartita de una dimensión de continuidad que el eje hispano-marroquí, más potente pero históricamente más volátil, no puede garantizar por sí solo.
El fútbol al servicio de la geopolítica
La atribución oficial del Mundial 2030 a la candidatura YallahVamos abrió paso a un período de excelencia en las relaciones y sentó las bases para superar definitivamente las tensiones estructurales del eje hispano-marroquí. Una candidatura para la organización de un evento mundialmente esperado genera un efecto de arrastre importante que provoca un alineamiento de agendas estatales en sectores críticos, impuesto por un agente externo no estatal, la FIFA, mediante sus requisitos y su calendario inflexible, aunque emana de la voluntad de los tres Estados que ceden parcialmente para acceder a una plataforma global que permite, en caso de éxito del evento, acumular un capital de buena voluntad (reputación y percepción), sobre el cual se capitaliza en un futuro a fines geopolíticos.
Se pasa de una redefinición de una frontera percibida como securitaria y conflictiva a un nuevo modelo de cooperación transcontinental innovador, donde la geografía impone una interdependencia entre los tres países a varios niveles. El proceso que conduce hacia el torneo de 2030 define las bases para un cambio de paradigma en la gobernanza regional. La formalización del Memorando de Cooperación Judicial Trilateral el 10 de abril de 2026 en Rabat confirma que las urgencias organizativas del evento ya se están traduciendo en acuerdos legales vinculantes de larga duración entre los ministerios de Justicia de España, Marruecos y Portugal. Este tratado unifica los canales de arbitraje mercantil, protección informática y seguridad jurídica, fijando un marco de previsibilidad que sobrevivirá a la finalización de los partidos de competición. Al integrar los recursos geográficos, las redes logísticas y los corredores de transporte de las dos orillas, el bloque tripartito propone una alternativa real a la consideración clásica del Estrecho de Gibraltar como una línea de fractura asimétrica y divisoria. La región se perfila como un espacio compartido de servicios, manufactura avanzada y desarrollo sostenible.
La paradiplomacia corporativa como motor de transformación
Más allá de la esfera estatal, el motor económico de esta redefinición se apoya en la diplomacia de negocios liderada por las organizaciones patronales que representan a los tres países anfitriones. Esta diplomacia paralela se fundamenta en una matriz cultural y profesional poco conocida pero decisiva: las tres naciones comparten estándares de productividad, una mentalidad de ejecución y metodologías de trabajo profundamente análogas, lo que reduce drásticamente los costes de transacción.
Al alinear sus redes energéticas (mercado eléctrico MIBEL, hidrógeno verde), logísticas (polos portuarios de Tánger-Med y Algeciras) y sus cadenas de valor industriales, los tres países redefinen la geografía del Estrecho de Gibraltar. Antaño percibido como una frontera de seguridad y de conflicto, el Estrecho se reinventa como un potencial cluster industrial y logístico integrado. En el contexto mundial del nearshoring (relocalización de las cadenas de valor de proximidad), esta integración acelera el regional branding de la zona, atrayendo capitales internacionales premium y creando una red de interdependencias materiales tan densa que una futura ruptura política resultaría económica y políticamente irracional para todas las partes.
La palanca más determinante de esta coorganización reside en la capacidad de los tres Estados anfitriones para aprovechar la restricción temporal y el pliego de condiciones de la FIFA con el fin de forzar una alineación de sus respectivas soberanías. Al aceptar someter sus administraciones a un calendario externo inflexible, Madrid, Rabat y Lisboa convierten un acontecimiento deportivo efímero en un pretexto legítimo para blindar compromisos políticos y jurídicos que habrían exigido décadas de negociaciones ordinarias. Esta ingeniería permite operar un reequilibrio geopolítico fundamental en el seno del eje ibérico-marroquí. Marruecos ya no interviene en esta candidatura como un socio subordinado que solicita el apoyo de su vecino europeo, sino como un coorganizador en igualdad de condiciones, fortalecido por su proyección africana y su peso institucional ante la CAF y las federaciones del Sur Global. Para España y Portugal, la integración del reino alauí ofrece la oportunidad de consolidarse como los puentes indiscutibles entre Europa y el continente africano, transformando una exigencia de gestión fronteriza en una plataforma de proyección geoestratégica conjunta.
En definitiva, la Copa del Mundo de 2030 funciona como un integrador sistémico. Esta edición ofrece a los tres países organizadores la herramienta y la oportunidad que les faltaban para superar los intereses a corto plazo y sellar una alianza de poder. En un escenario internacional cada vez más multipolar y fragmentado, donde el multilateralismo constituye una fuente directa de poder, Marruecos, España y Portugal demuestran cómo un megaevento deportivo ofrece un escenario único que permite rediseñar la arquitectura del espacio mediterráneo.
(*) Graduado de Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid (UCM)
