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Narcotráfico: la junta argelina sigue disparándose en el pie

La junta argelina funciona como una pistola semiautomática. Todos sabemos cómo funciona este mecanismo. El arma dispara una primera bala y utiliza la energía generada por el disparo para expulsar el casquillo vacío e introducir el siguiente cartucho en la recámara.
En nuestro caso, la pistola es la estrategia de comunicación política del régimen.
Las autoridades argelinas disponen de todo un arsenal de temas que utilizan según las circunstancias. Pero, como saben que ningún asunto puede mantener indefinidamente la atención de la opinión pública, siempre tienen preparada la siguiente bala.
Veamos un ejemplo.
El régimen realiza anuncios aparentemente desmesurados sobre la industrialización del país y el aumento de la participación de los productos manufacturados en unas exportaciones que siguen dependiendo casi exclusivamente de los hidrocarburos.
Anuncia proyectos gigantescos relacionados con la fabricación de automóviles, la industria agroalimentaria, los neumáticos, el aceite, la mayonesa y prácticamente cualquier otro producto imaginable.
También proclama la llegada de inversiones extranjeras por cantidades astronómicas que quizá solo Elon Musk sería capaz de reunir.
Durante un tiempo, la población cree en esas promesas. Después, el asunto cae progresivamente en el olvido.
La oposición denuncia el escándalo y, cuando finalmente se disipa el humo, muchos descubren que buena parte del espectáculo no era más que eso: humo.
Es precisamente entonces cuando el mecanismo introduce automáticamente la siguiente bala en la recámara.
Se inventa un nuevo tema.
Esta vez toca la desalinización del agua de mar, acompañada de otra cifra estratosférica: 1.400 millones de metros cúbicos diarios.
Ni siquiera una película de ciencia ficción se atrevería a llegar tan lejos.
Pero no importa. Las autoridades insisten: 1.400 millones, ni uno menos.
Una vez más, los opositores que actúan desde el exilio —porque oponerse abiertamente al régimen desde el interior del país resulta extremadamente difícil— desmontan lo que consideran un engaño.
Y el asunto termina haciendo aguas, nunca mejor dicho.
Entonces, el régimen vuelve a su tema favorito de siempre: el Frente Polisario y el conflicto del Sáhara Occidental.
Argelia es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las autoridades prometen que el mundo está a punto de presenciar algo extraordinario.
Sin embargo, pese a la presencia argelina en el Consejo, Marruecos obtiene una victoria diplomática.
Otra bala perdida.
Pero, como el mecanismo es automático, el siguiente cartucho ya está en la recámara.
Esta vez, la acusación consiste en afirmar que Marruecos está envenenando las aguas argelinas.
Cuando esa historia no consigue despertar suficiente interés, las autoridades pasan a una nueva campaña: la lucha contra el narcotráfico, que, según el régimen, «está matando a la juventud argelina».
La junta anuncia su determinación de atacar el problema de raíz.
Pero aquí surge una cuestión incómoda.
Los grandes escándalos de narcotráfico registrados en Argelia han dado lugar a acusaciones que afectan a personas vinculadas con círculos políticos y militares influyentes. Estos casos plantean interrogantes sobre posibles complicidades, corrupción y mecanismos de protección dentro de determinadas redes.
Varias grandes partidas de cocaína han sido interceptadas, provocando investigaciones en las que aparecieron personas relacionadas con figuras influyentes del poder político y militar.
Algunos observadores también consideran que Argelia funciona no solo como mercado consumidor, sino como país de tránsito de drogas duras destinadas a otros mercados.

 

El limitado poder adquisitivo de una parte importante de la población argelina se cita a veces como argumento a favor de esta interpretación, aunque ese factor, por sí solo, no permite determinar el verdadero alcance del consumo interno.
El escándalo de la cocaína que sacudió a Argelia
En 2018, un cargamento de cocaína oculto en carne congelada importada de Brasil fue interceptado cerca de Orán.
El caso puso de manifiesto las relaciones entre el importador Kamel Chikhi, conocido como Kamel el Carnicero, y varias personalidades influyentes.
El escándalo desencadenó investigaciones y procesos judiciales relacionados con presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias.
Khaled Tebboune, hijo del actual presidente argelino, fue procesado en una causa conexa por tráfico de influencias.
Su puesta en libertad y absolución en febrero de 2020, poco después de que su padre asumiera la presidencia, provocaron acusaciones de sectores de la oposición que sospechaban una posible intervención política.
Sin embargo, estas acusaciones no constituyen una prueba judicial de interferencia presidencial, y Khaled Tebboune no fue condenado por narcotráfico.
El caso planteó, no obstante, interrogantes más amplios sobre las relaciones entre los intereses empresariales, las redes criminales y el poder político.
Según INTERPOL, las cantidades de cocaína interceptadas y la geografía de las rutas del narcotráfico sugieren que Argelia también sirve como territorio de tránsito hacia otros mercados, especialmente los europeos.
Esto significa que no toda la cocaína interceptada en Argelia estaba necesariamente destinada al consumo local.
Y ahí es donde el problema adquiere una dimensión especialmente preocupante para la seguridad europea.
Millones de comprimidos psicotrópicos incautados
Dos operaciones realizadas en 2026 merecen especial atención.
2 de febrero de 2026: Dos redes de tráfico fueron desarticuladas en Argel. Se incautaron aproximadamente 4,29 millones de comprimidos psicotrópicos y fueron detenidas 20 personas.
4 de noviembre de 2026: Otras dos redes fueron desmanteladas. Las autoridades anunciaron 33 detenciones, la incautación de más de un millón de comprimidos psicotrópicos y 30 kilogramos de cocaína.
12 de noviembre de 2026: Las autoridades argelinas anunciaron la destrucción de aproximadamente 1,136 toneladas de cocaína y heroína, así como de 33,53 millones de comprimidos psicotrópicos. Estas cantidades procedían de existencias previamente incautadas por diferentes servicios de seguridad.
Estas cifras ilustran la magnitud del problema del narcotráfico, reconocida por las propias autoridades argelinas.
También plantean una pregunta fundamental: ¿hasta dónde llegan las redes criminales que operan dentro del país y en qué medida han conseguido penetrar en las estructuras económicas o institucionales?
¿Qué conclusiones podemos extraer?
De estos hechos se desprenden tres conclusiones principales.
Primera: Los cargamentos de cocaína procedentes de América del Sur y la proliferación de redes de tráfico de psicotrópicos revelan una delincuencia organizada mucho más diversificada de lo que a veces sugiere el discurso oficial.
La aparición de personas vinculadas con círculos influyentes en determinadas investigaciones judiciales también ha alimentado sospechas sobre posibles mecanismos de protección en las altas esferas del Estado.
Sin embargo, estas acusaciones requieren pruebas concretas que permitan establecer la responsabilidad de funcionarios específicos.
Segunda: Las propias autoridades argelinas reconocen la magnitud del problema.
Los millones de comprimidos incautados y los cientos de redes desarticuladas constituyen indicadores documentados de una intensa actividad delictiva, aunque no permiten medir con precisión el consumo nacional de drogas.
Tercera: El caso Kamel Chikhi plantea una cuestión distinta y particularmente delicada: las relaciones entre las redes empresariales, la corrupción y los responsables públicos.
¿Puede Argelia atacar realmente las fuentes del narcotráfico?
La pregunta ahora es qué piensa hacer el régimen argelino.
Atacar las fuentes del narcotráfico internacional es mucho más fácil de anunciar que de llevar a la práctica.
Quizá por eso el presidente Abdelmadjid Tebboune evitó mencionar un solo país, una región o incluso un continente al hablar de la posibilidad de atacar los centros de origen del tráfico de drogas.
La geografía de la producción y del comercio internacional de cocaína está ampliamente documentada.
Pero transformar las declaraciones políticas en acciones eficaces exigiría cooperación internacional, intercambio de información y coordinación con gobiernos extranjeros.
En cualquier caso, la pistola semiautomática sigue cargada.
La siguiente bala ya está en la recámara.
Cuando la campaña antidroga pierda su impulso político, quizá las autoridades se acuerden finalmente de las preocupaciones cotidianas de las argelinas y los argelinos.
La cuestión fundamental del desarrollo económico sigue sin resolverse.
Pero los críticos del régimen sostienen que la prioridad absoluta de la junta no es el desarrollo, sino su propia supervivencia política.
Y queda otra pregunta que merece especial atención.
¿Es la campaña antidroga argelina también un mensaje dirigido a Europa?
Esta es quizá la cuestión más interesante para los europeos.
¿Y si la última campaña antidroga de Argelia tuviera también un objetivo político: alejar del país cualquier sospecha sobre el papel que su territorio podría desempeñar en el abastecimiento de los mercados europeos de drogas ilegales?
Por ahora, se trata de una hipótesis, no de un hecho demostrado.
Pero merece ser examinada a la luz de las rutas de tráfico documentadas, las grandes incautaciones y la comunicación política que acompaña a esta campaña.
Es la imagen del lobo que grita: «¡Que viene el lobo!».
Según los críticos, puede observarse un mecanismo parecido en la polémica sobre la contaminación del agua.
Argelia, que afronta graves problemas de contaminación de sus propios cursos de agua y de su litoral mediterráneo, ha acusado a Marruecos de contaminar —o, más exactamente, de envenenar— un pequeño curso de agua transfronterizo.
El paralelismo resulta llamativo.
En ambos casos, las autoridades argelinas presentan al país principalmente como víctima de amenazas procedentes del exterior.
Sin embargo, los datos disponibles también señalan importantes problemas internos que merecen una investigación rigurosa.
La cuestión, por tanto, no es si Argelia debe luchar contra el narcotráfico.
Por supuesto que debe hacerlo.
La verdadera pregunta es si una campaña dirigida contra las fuentes externas puede tener éxito sin un esfuerzo igualmente decidido para investigar las redes de tráfico, la corrupción y las posibles complicidades dentro de la propia Argelia.
Y mientras esa pregunta siga sin respuesta, la pistola semiautomática de la comunicación política permanecerá lista para disparar su siguiente bala.

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