Un archivo de casi 500 páginas que contiene datos personales de miembros de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas españolas ha sido divulgado, entre otros canales, a través de Telegram. La asociación Justicia Guardia Civil (Jucil) ha acudido a la Audiencia Nacional por este asunto y reclama la apertura de una investigación, así como medidas urgentes para impedir que el archivo siga difundiéndose.
La filtración de un voluminoso archivo que contiene datos personales de agentes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de miembros de las Fuerzas Armadas está generando una gran conmoción en España. El grave escándalo ha sido revelado por Confilegal. Según este medio digital español especializado en información jurídica y judicial, el archivo pirateado, de casi 500 páginas, contiene información que permite «identificar, localizar o contactar» con determinados agentes.
Según la misma fuente, la asociación Justicia Guardia Civil (Jucil) ha presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional para que se determine el origen de los datos, las personas que participaron en la elaboración del archivo, quienes lo difundieron, así como la finalidad perseguida mediante esta recopilación masiva de información.
Ante este mismo órgano judicial, competente, entre otras materias, en casos de terrorismo, crimen organizado, grandes delitos económicos y extradiciones, así como en determinados asuntos de alcance nacional o internacional, Jucil ha solicitado la adopción de «medidas cautelares urgentes» para retirar o bloquear el archivo allí donde todavía sea posible, preservando al mismo tiempo las pruebas digitales susceptibles de permitir la identificación de los responsables.
Más allá de la vulneración de la privacidad, la asociación alerta de un riesgo directo para la seguridad. Según Jucil, este tipo de información podría facilitar operaciones de vigilancia, localización, ingeniería social, intimidación e incluso de «selección de objetivos». Por ello, solicita también que se evalúe el peligro al que podrían estar expuestas las familias de los agentes afectados.
Otro aspecto especialmente sensible es el propio origen de los datos. Jucil pide a la justicia que compruebe si su obtención pudo ser consecuencia de un acceso ilícito a sistemas informáticos, dispositivos, cuentas o bases de datos.
Su secretario general, Ángel Lezcano, reclama la movilización de unidades policiales especializadas y una investigación sobre las cuentas y canales utilizados para difundir el archivo. Solicita, en particular, que se conserven los elementos disponibles en Telegram con el fin de reconstruir toda la cadena de difusión.
Para Jucil, lo que está en juego va, por tanto, mucho más allá de una simple filtración de datos. Se trata de determinar si agentes del Estado español y sus familiares han sido expuestos deliberadamente a un riesgo concreto en Internet.
